La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, exhortó a los mandatarios del país para que pongan en marcha el Sistema Nacional de las Juventudes a fin de fortalecer los espacios de participación e interlocución para que las y los jóvenes desarrollen iniciativas de incidencia en sus territorios, como actores fundamentales en las transformaciones del país.

La jefa del Ministerio Público, que expidió una nueva directiva en ese sentido, se dirigió a los gobernadores y alcaldes para que expidan o renuevan la Política Pública de Juventud de sus territorios en corto plazo y destinen una oficina para atender a esta población.

Pero además, les pidió presentar un informe anual sobre los avances, ejecución presupuestal y cumplimiento de esta política, así como el apoyo a la celebración de las asambleas de juventud en sus territorios convocadas por los Consejos de Juventud, la conformación de las Comisiones de Concertación y Decisión, entre otros.

Mediante la Directiva 005 de 2023 solicitó a la Consejería Presidencial para la Juventud - Colombia Joven - a que, en el marco de sus funciones, formule la Política Pública Nacional de Juventud, incluyéndola en el Plan Nacional de Desarrollo y garantizando la participación de las y los jóvenes en su diseño e implementación, atendiendo criterios diferenciales y contextos del territorio nacional.

En la solicitud también incluyó la obligación de realizar anualmente la sesión del Consejo Nacional de Políticas Públicas de la Juventud, la asistencia técnica a las entidades territoriales y la conmemoración de la Semana de la Juventud, teniendo en cuenta que el 12 de agosto es

La normativa expedida requirió a todas las plataformas y a los Consejos de Juventud del país a articularse con el Ministerio Público, para el seguimiento al funcionamiento de los espacios de participación e interlocución de las juventudes.

La Procuradora General referenció que las procuradurías delegadas que conforman el Comité de Seguimiento al Estatuto de Ciudadanía Juvenil realizarán la vigilancia del cumplimiento de la directiva, reiterando a los servidores públicos destinatarios que el incumplimiento a los deberes constituye una posible falta disciplinaria y puede dar lugar a las sanciones previstas en la ley.​